Las constantes fricciones de un oficialismo fracturado anuncian que los chispazos saltarán entre las bancas durante la sesión de hoy, anunciada para las 8.30. En Labor Parlamentaria se decidió que el orden del día se conforme con proyectos que beneficien a la ciudadanía y postergar los temas “espinosos”, como la evaluación del informe que brindó el ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer. Sin embargo, las diferencias también se manifiestan a la hora de brindar soluciones ya que ambos sectores buscan demostrar gestión y capitalizar los réditos. “Ahora todo es una pulseada política”, reconocieron.

El temario de hoy tendrá como columna vertebral una batería de auxilios y mejoras para los sectores más castigados y expuestos en la pandemia de coronavirus, que ya se cobró 2.173 vidas en Tucumán. Precisamente, es por esto que lo primero que se aprobará será una autorización para que el gobernador Juan Manzur pueda gestionar -si lo desea- hasta un millón de vacunas. La última iniciativa fue presentada por el jaldista Roberto Palina, pero anteriormente hubo presentaciones de los republicanos Horacio Vermal y Nadima Pecci, y de José María Canelada (UCR).

El vicegobernador Osvaldo Jaldo se apresuró a aclarar que no buscan decirle al Poder Ejecutivo (PE) qué hacer, sino facilitarle una herramienta en beneficio de los tucumanos. Las lecturas subterráneas, sin embargo, varían: unas apuntan a que sí es un modo de “marcarle la cancha” al gobernador; y, del otro lado, entienden que le están otorgando “un arma” que beneficiará a la Casa de Gobierno frente a la sociedad.

Luego de encuentros con referentes con sectores privados de la economía, como el comercio, la gastronomía, los salones de fiestas, la cultura o los entretenimientos, entre otros, se decidió avanzar con beneficios desde la Cámara. Como por ejemplo, que se otorguen facilidades de pago y se evite el corte de electricidad por 180 días a las actividades no esenciales que se vieron afectadas por las restricciones (iniciativa de Tulio Caponio); que durante 60 días se suspendan las facultades sancionatorias del IPLA, excepto para fiestas clandestinas (proyectos de Roque Tobías Álvarez y del alfarista Walter Berarducci); o que se suspendan hasta el 31 de diciembre las ejecuciones sobre inmuebles destinados a vivienda única o pymes (Raúl Ferrazzano).

Entre la batería de beneficios que se aprobarán, hay uno que ya generó rispideces en las comisiones. Es la iniciativa del jaldista Daniel Deiana para que se incorpore a la planta permanente a todo el personal de salud precarizado que hubiere realizado una prestación en el Siprosa durante al menos 180 días, en cualquier nivel de atención a pacientes con covid-19. Trascendió que hubo entredichos y planteos de legisladores manzuristas para que se decline la iniciativa, la cual llega al recinto con doble dictamen (Hacienda y Presupuesto y Legislación General) pero sin el aval de la comisión de Salud que conduce el titular de ATSA, Reneé Ramírez.

Legisladores afines a la Casa de Gobierno expusieron que el director de Recursos Humanos del Siprosa, Fabio Andina, ya anunció que se adelantarán los plazos para la desprecarización. Se indicó que en el acta acuerdo de paritarias, suscrita en marzo del 2021, el Gobierno se compromete a pasar a planta transitoria al personal incorporado para la pandemia (unos 1.500).

Los jaldistas, sin embargo, remarcaron que el proyecto de Deiana es superador ya que apunta a la planta permanente, no transitoria. “¿Votarán en contra en un mejor beneficio?”, se preguntaron.